¿LA PROSTITUCIÓN ES LEGAL EN ESPAÑA?
Sin embargo, el asunto cambia en los municipios de Málaga y Granada, que además persiguen a las prostitutas. La normativa de Granada prevé sanciones de hasta 3.000 euros si se ejerce cerca de lugares con menores de edad. En el caso de Málaga, los casos más graves, por su cercanía a colegios o zonas residenciales, llegan a un máximo de 1.500 euros. Los países más permisivos con la prostitución son considerados 'regulacionistas', aunque existen de dos tipos diferentes dependiendo de la prohibición (o no) de los burdeles. Los países que utilizan este modelo son Letonia y Hungría (burdeles prohibidos), Países Bajos, Alemania, Suiza, Austria, Grecia y Turquía (países en los que los burdeles son legales). Los clientes o consumidores de prostitución serán castigados con multa de 12 a 24 meses, una pena que aumentará en caso de que la persona prostituida sea menor de edad.
Karandikar y Próspero (2010) han puesto de relieve cómo muchos clientes se convierten en parejas y de ahí pasan a ser sus proxenetas coercitivos que utilizan la violencia contra ellas. Sin embargo, las mujeres minimizan en ocasiones las experiencias de violencia de sus parejas, centrándose en las que viven con sus clientes, y escasamente buscan ayuda o denuncian a la policía (Panchanadeswaran et al., 2010). Se ha denunciado que la mayoría de las agresiones tanto físicas como sexuales provienen de los hombres que pagan por sexo, seguidos de las parejas sentimentales; pero también por compañeros y compañeras en el caso de prostitución callejera (Pinedo, 2008). Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia también ha incluido sanciones en su ordenanza municipal de hasta 2.000 euros para los clientes que acuden a los servicios sexuales y no excluye a los intermediarios y/o proxenetas que explotan a las mujeres que ejercen la prostitución.
Desde el Gobierno se estima que entre un 90% y un 95% de las mujeres que son prostituidas son víctimas de trata o de explotación sexual. anuncios trans , por la naturaleza alegal de la actividad se trata de una situación complicada de manejar a nivel legal. Hablar de prostitución en España es hacerlo de un asunto controvertido y que parece estar situado en el limbo. La prostitución en nuestro país es alegal, una actividad que continua en pleno funcionamiento y que no ha sido reglada ni prohibida. La prostitución es ejercida en el mundo por más de 42 millones de personas, de las cuales el 80% son mujeres o niñas y el 75% con edades comprendidas entre los 13 años y los 25 años. Sí es objeto de represión penal cualquier forma de promoción, aprovechamiento o explotación de la prostitución ajena.
La prostitución es una actividad alegal en España y, por ello, apenas hay datos sobre cuántas mujeres la ejercen, ni en cuántos prostíbulos o pisos, cuántos hombres acuden a ellos y exactamente cuánto dinero mueve. Todo son aproximaciones o informes antiguos, que aportan una imagen solo aproximada de una actividad en España que buena parte del movimiento feminista considera como un acto de violencia hacia las mujeres. Pese a ello, el Gobierno y los especialistas consideran que la industria del sexo española es, sin duda, una de las más importantes del mundo.
En este sentido, Baye y Heumann (2017) han puesto de relieve cómo las leyes migratorias italianas generaron, en las mujeres nigerianas que ejercían la prostitución (algunas de ellas víctimas de trata), mayor exposición a la violencia y la explotación extrema en la ciudad de Turín. Las mujeres estaban indocumentadas, lo que las hacía muy vulnerables a la explotación por deudas, así como al abuso y a la violencia por parte de empleadores, de clientes y de autoridades gubernamentales. También Ratinthorn et al. (2009) señalan que la violencia contra las trabajadoras sexuales supone una amenaza para su vida y su salud, para el control del trabajo y su seguridad financiera. Al estar en desventaja y dedicarse a un empleo ilegal, estas mujeres están atrapadas en un círculo de amenazas y violencia que solo puede reducirse desde una política que despenalice el trabajo sexual junto con estrategias para disminuir la pobreza y la desigualdad social. Es difícil compaginar el trabajo sexual con una pareja, incluso cuando deviene esta actividad en parejas ya consolidadas. El estigma, la transgresión del orden establecido y la comercialización de la sexualidad tienen un gran impacto en las relaciones de pareja, sobre todo en una sociedad patriarcal monogámica y heterosexual que controla la sexualidad femenina.
La encuesta más reciente a nivel nacional la realizó el INJUVE para el Informe Juventud en España 2020. El 10,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años reconoció haber consumido prostitución (el 4,8% más de una vez en su vida). De esta manera, aunque existen ciertas regiones de España que sancionan la prostitución, estas prácticas siguen en un limbo legal en muchas de las ciudades españolas.
Las mujeres en situación de prostitución ocupan posiciones subordinadas e inferiores, proceden de entornos pobres y vulnerables y cuando no son víctimas de trata, suelen verse empujadas por la necesidad de un medio de subsistencia económica. En ese país, la oferta de prostitutas es tan amplia que no sólo se puede elegir entre búlgaras, rumanas, dominicanas, rusas, brasileñas o nigerianas, por citar algunas nacionalidades, sino que los precios son extremadamente competitivos. Por cinco euros, lo que cuesta un par de docenas de huevos, le pueden hacer a uno sexo oral.
Añadían, además, que no podía suponerse que su objeto era la explotación de la prostitución. Esto es, en un sector que, de facto, funciona, la parte patronal está reconocida legalmente pero no quien ejerce esos trabajos. El PIB mide el valor de la actividad económica de un país, es decir, todo lo que conlleva un intercambio económico. El indicador tiene en cuenta la economía sumergida (porque supone un intercambio monetario), pero no, por ejemplo, el trabajo de cuidados no remunerado porque no existe ese intercambio. Para estimar el impacto de las actividades ilegales o alegales, como la prostitución, el INE tiene en cuenta datos recopilados de varias fuentes, como la Policía, las ONG, el sistema sanitario o las patronales de clubes de alterne. El cambio en la forma de contabilizar la riqueza nacional tuvo su origen en la petición del organismo europeo encargado (el Sistema Europeo de Cuentas) de que todos los países incluyeran en sus cuentas el dinero que mueven la prostitución o el tráfico de drogas.
"Se ha multiplicado y crecido exponencialmente en internet", afirma el catedrático de Sociología, que explica que en esa migración se ha observado una reducción importante de la prostitución a pie de calle, un desplazamientos a pisos -con mayor dispersión en la ciudad- y una gran movilidad de las mujeres. Así lo pone de manifiesto en una entrevista con EFE el catedrático de Sociología en la Universidad de Valencia Antonio Ariño, quien en su libro 'La prostitución en la Comunidad Valenciana' (Tirant Lo Blanch) propone una mirada sociológica a este fenómeno y analiza las características propias de una "institución histórica de larguísima duración" y sustentada en buena medida en mujeres víctimas de trata. Machista, con actitud patriarcal y consumidor frecuente de pornografía son algunos de los rasgos del demandante de prostitución, actividad que en la última década ha experimentado una transformación digital profunda y que en España puede considerarse "legal de facto", por la normalización de su presencia en internet. En la inauguración de la conferencia, la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM), Susana Martínez, ha censurado la "inmovilidad" de los partidos políticos en España ante este negocio, y ha reclamado medidas "efectivas" encaminadas a la "erradicación" del consumo del sexo, entre otras cosas. A su juicio, las medidas "desintencivadoras" pueden "impedir la normalización del consumo como una forma de la relación que se quiera o acepte para futuras generaciones".
De esta manera, se sanciona al usuario o consumidor de tales servicios o a la persona intermediaria que negocie para terceras personas. El Ayuntamiento de León es el último en sumarse a la lista con la implementación de su nueva ordenanza que busca prohibir las conductas "que puedan considerarse como favorecedoras o que promuevan el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual, el mercado de la prostitución y/o el turismo sexual, con independencia de que sean constitutivas de infracción penal". Estas medidas han sido puestas en duda múltiples veces, dado que las ordenanzas municipales no pueden entrar en conflicto en ningún caso con la ley estatal, por lo que no pueden prohibir la prostitución en sí misma, sino que se limitan a hacerlo en determinados ámbitos (como es el caso de aquellas personas que la ejercen en la vía pública). De hecho, en 2019, el Ayuntamiento de Madrid se planteó aplicar una regulación similar a la de Barcelona, llegando a la conclusión de que excedía las competencias del ayuntamiento. En León no se menciona la prostitución callejera en ninguna norma local de forma específica, pero la ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las Conductas Antisociales recoge multitud de infracciones relacionadas con esta actividad y en el caso de Ávila está expresamente prohibida.