¿LA PROSTITUCIÓN ES LEGAL EN ESPAÑA?
Sin embargo, el asunto cambia en los municipios de Málaga y Granada, que además persiguen a las prostitutas. La normativa de Granada prevé sanciones de hasta 3.000 euros si se ejerce cerca de lugares con menores de edad. En el caso de Málaga, los casos más graves, por su cercanía a colegios o zonas residenciales, llegan a un máximo de 1.500 euros. Los países más permisivos con la prostitución son considerados 'regulacionistas', aunque existen de dos tipos diferentes dependiendo de la prohibición (o no) de los burdeles. Los países que utilizan este modelo son Letonia y Hungría (burdeles prohibidos), Países Bajos, Alemania, Suiza, Austria, Grecia y Turquía (países en los que los burdeles son legales). Los clientes o consumidores de prostitución serán castigados con multa de 12 a 24 meses, una pena que aumentará en caso de que la persona prostituida sea menor de edad.
Tampoco deja fuera a los intermediarios y/o proxenetas que explotan a las mujeres que ejercen la prostitución. A pesar de las dificultades, las mujeres han desarrollado redes de apoyo mutuo entre compañeras de ocupación, que se protegen de la violencia de los clientes y se usan para aprender y aplicar estrategias de seguridad en diversos ámbitos. Asimismo, han desarrollado, con el paso de los años y la experiencia ante la violencia de otras compañeras, mecanismos de autodefensa como elegir a los clientes, pactar los servicios, guardar el dinero para evitar robos o la importancia de revisiones ginecológicas y del uso de protección (cuando les es posible). Además, el hecho de ser extranjeras y tener pocos lazos sociales dificulta aún más la prevención y la denuncia de la violencia, muchas veces sintiéndose aisladas de la sociedad española.
Entre ellas se pueden señalar las condiciones de desigualdad económica y de género, el estigma social hacia el colectivo de prostitutas o trabajadoras sexuales, las leyes migratorias que controlan y restringen a ciertas poblaciones, además de las leyes que criminalizan la prostitución. La prostitución es una actividad alegal en España y, por ello, apenas hay datos sobre cuántas mujeres la ejercen, ni en cuántos prostíbulos o pisos, cuántos hombres acuden a ellos y exactamente cuánto dinero mueve. Todo son aproximaciones o informes antiguos, que aportan una imagen solo aproximada de una actividad en España que buena parte del movimiento feminista considera como un acto de violencia hacia las mujeres. Pese a ello, el Gobierno y los especialistas consideran que la industria del sexo española es, sin duda, una de las más importantes del mundo.
Y por último, tiene que proteger a las víctimas de trata de verdad y facilitar su integración socio-laboral”, explica Fernández. De este modo, ambos expertos coinciden en la importancia de la reinserción laboral y social de las mujeres que terminan en situación de prostitución. El problema económico, la búsqueda de trabajo y la situación habitacional se convierte en el principal desafío de este colectivo. Una de las primeras menciones legales a la prostitución está en nuestro primer Código Penal de 1822, que estipula que "Toda persona que sin estar competentemente autorizada, o faltando a los requisitos que la policía establezca, mantuviere o acogiere o recibiere en su casa a sabiendas mujeres públicas [sic] para que allí abusen de sus personas, sufrirá una reclusión de uno a dos años, y pagarán una multa de quince a cincuenta duros".
Por su parte, la crisis pandémica ha disparado en algunos sectores donde se ejerce la prostitución los eventos violentos y de abuso hacia las mujeres, mediante el regateo de precios por parte de los clientes, la falta de flexibilidad de propietarios o vecinos, y la rigidez del sistema español de extranjería. Se ha aludido al contexto legal sobre la prostitución como una fuente micro y macrosocial de violencia para las prostitutas y trabajadoras sexuales. Pajnik y Radačić, (2020) realizaron un estudio en Eslovenia, con una legislación de despenalización, y Croacia, con una legislación más punitiva, poniendo de manifiesto cómo el contexto y las políticas sobre prostitución afectaban a las trabajadoras del sexo.
La encuesta más reciente a nivel nacional la realizó el INJUVE para el Informe Juventud en España 2020. El 10,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años reconoció haber consumido prostitución (el 4,8% más de una vez en su vida). De esta manera, aunque existen ciertas regiones de España que sancionan la prostitución, estas prácticas siguen en un limbo legal en muchas de las ciudades españolas.
Las mujeres en situación de prostitución ocupan posiciones subordinadas e inferiores, proceden de entornos pobres y vulnerables y cuando no son víctimas de trata, suelen verse empujadas por la necesidad de un medio de subsistencia económica. pasion travestis barcelona país, la oferta de prostitutas es tan amplia que no sólo se puede elegir entre búlgaras, rumanas, dominicanas, rusas, brasileñas o nigerianas, por citar algunas nacionalidades, sino que los precios son extremadamente competitivos. Por cinco euros, lo que cuesta un par de docenas de huevos, le pueden hacer a uno sexo oral.
Esta sanción es incompatible con las que corresponderían por las infracciones que se pudiesen haber cometido en relación con las ganancias patrimoniales no justificadas o la presunción de obtención de rentas reguladas en los artículos 191, 192, 193, 194, 195 de la LGT. Añadir en este apartado que resulta de aplicación la reducción de sanciones prevista en el artículo 188 LGT. Debido a que se trata de una actividad ilícita, algunos tribunales entienden los ingresos procedentes de esa actividad como subsumibles dentro de los incrementos de patrimonio no justificados.
"Se ha multiplicado y crecido exponencialmente en internet", afirma el catedrático de Sociología, que explica que en esa migración se ha observado una reducción importante de la prostitución a pie de calle, un desplazamientos a pisos -con mayor dispersión en la ciudad- y una gran movilidad de las mujeres. Así lo pone de manifiesto en una entrevista con EFE el catedrático de Sociología en la Universidad de Valencia Antonio Ariño, quien en su libro 'La prostitución en la Comunidad Valenciana' (Tirant Lo Blanch) propone una mirada sociológica a este fenómeno y analiza las características propias de una "institución histórica de larguísima duración" y sustentada en buena medida en mujeres víctimas de trata. Machista, con actitud patriarcal y consumidor frecuente de pornografía son algunos de los rasgos del demandante de prostitución, actividad que en la última década ha experimentado una transformación digital profunda y que en España puede considerarse "legal de facto", por la normalización de su presencia en internet. En la inauguración de la conferencia, la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM), Susana Martínez, ha censurado la "inmovilidad" de los partidos políticos en España ante este negocio, y ha reclamado medidas "efectivas" encaminadas a la "erradicación" del consumo del sexo, entre otras cosas. A su juicio, las medidas "desintencivadoras" pueden "impedir la normalización del consumo como una forma de la relación que se quiera o acepte para futuras generaciones".
De esta manera, se sanciona al usuario o consumidor de tales servicios o a la persona intermediaria que negocie para terceras personas. El Ayuntamiento de León es el último en sumarse a la lista con la implementación de su nueva ordenanza que busca prohibir las conductas "que puedan considerarse como favorecedoras o que promuevan el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual, el mercado de la prostitución y/o el turismo sexual, con independencia de que sean constitutivas de infracción penal". Estas medidas han sido puestas en duda múltiples veces, dado que las ordenanzas municipales no pueden entrar en conflicto en ningún caso con la ley estatal, por lo que no pueden prohibir la prostitución en sí misma, sino que se limitan a hacerlo en determinados ámbitos (como es el caso de aquellas personas que la ejercen en la vía pública). De hecho, en 2019, el Ayuntamiento de Madrid se planteó aplicar una regulación similar a la de Barcelona, llegando a la conclusión de que excedía las competencias del ayuntamiento. En León no se menciona la prostitución callejera en ninguna norma local de forma específica, pero la ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las Conductas Antisociales recoge multitud de infracciones relacionadas con esta actividad y en el caso de Ávila está expresamente prohibida.